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viernes, 07 de junio de 2013cermi.es semanal Nº 82

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CERMIS Autonómicos

El CERMI Comuinidad Valenciana insiste en el informe de la clínica jurídica para retirar el medicamentazo a las personas con discapacidad

31/05/2013

La plataforma de representantes de personas con discapacidad de la Comunidad Valenciana (CERMI CV) sigue insistiendo en que es posible recuperar la gratuidad de los medicamentos para algunos colectivos de la discapacidad, a partir del informe realizado por la Clínica Jurídica de la Facultad de Derecho de la Universidad de Valencia.

Así se lo hizo saber en una reunión mantenida la pasada semana al conseller de Sanidad, Manuel Llombart, quien dijo que tanto él como su equipo están buscando soluciones al problema planteado con la derogación del artículo 16 del Estatuto de las Personas con Discapacidad de la Comunidad Valenciana.

Llompart se ha comprometido, a instancias del CERMI CV, a propiciar una reunión entre la Abogacía de la Generalitat Valenciana, que en su día elaboró un informe para la derogación del citado artículo basándose en la legislación estatal, y los responsables del informe de la Clínica Jurídica, con el fin de buscar vías legales que permitan volver a la situación anterior a la derogación en un plazo de 15 días.

Los responsables del CERMI CV han transmitido y advertido a Llompart sobre la lamentable situación por la que atraviesan muchas personas con discapacidad y sus familias, incapaces de hacer frente al copago farmacéutico impuesto en esta situación de crisis económica, ya que muchas personas con discapacidad, debido a esta circunstancia, nunca han podido cotizar a la Seguridad Social.

Asimismo, el CERMI Comunidad Valenciana ha hecho hincapié en algunos colectivos especialmente perjudicados por el copago, como el de personas con enfermedad mental, lo que, al no poder costearse la medicación, puede provocar recaídas, ingresos hospitalarios y deterioro, que inciden en la incomprensión de la sociedad y su estigmatización.

El CERMI CV apuesta por que la gratuidad de las medicación a las personas con discapacidad, si fuese necesario, se haga en función de la renta personal de cada uno; que se analice, en su caso, las necesidades y costos económicos de la medicación necesaria para las distintas patologías y que, en definitiva, se garantice la gratuidad y se proteja a aquellas personas con mayores necesidades y con menores o sin ningún ingreso económico.

Por último, el CERMI CV, como representante del 95% de las personas con discapacidad en la Comunidad Valenciana, también ha hecho saber al conseller que, de no resolverse el problema lo antes posible, no renuncia a continuar con sus acciones de protesta en defensa del colectivo y, en su caso, a iniciar las acciones legales pertinentes.

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